En 2011, entre el 7 de marzo y el 1 de julio de ese mismo año, las carreteras españolas redujeron su velocidad máxima de 120 a 110 km/h. Una medida polémica que se implantó con el objetivo de ahorrar combustible y que no llegó a los cuatro meses completos de vigencia. Ahora, una nueva crisis vuelve a poner sobre la mesa esta medida.